La Directora de Fundación POPOL NA, Mónica López Baltodano, ha denunciado en su cuenta de Facebook las amenazas de sicariato y desplazamiento forzado:
“Considerando el riesgo inminente, como familia hemos tenido que tomar medidas urgentes frente a un régimen despiadado y criminal, por lo que me he visto obligada a desplazarme forzosamente y tener que salir de Nicaragua. Por todo ello y en mi condición de perseguida política, ya he solicitado la condición de refugiada ante el estado costarricense.
Quiero decirles con franqueza que la decisión de exiliarme ha sido la decisión más difícil y dolorosa de mi vida. Me llena de tristeza no poder seguir en las calles y en las comunidades, con mi gente. Me entristece separarme físicamente de mis compañeros y compañeras de lucha, y no poder pisar el suelo de mi patria.
Por ahora, y solo por ahora, no podremos estar físicamente en las calles de Nicaragua, pero les garantizamos que seguimos firmes en la lucha y que aquí no se rinde nadie. Todo lo contrario. Estos desafíos nutren nuestra decisión inclaudicable de luchar sin descanso hasta lograr que se vayan los dictadores”
Att. Mónica López Baltodano
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de Mónica López Baltodano y su familia, incluyendo a su tío, Ricardo Baltodano, quien se encuentra privado de libertad acusado arbitrariamente del delito de terrorismo, entre otros.
La defensora de derechos humanos y ambientales, Mónica López Baltodano ha sido asesora legal del Movimiento Campesino Anticanal desde enero de 2014; forma parte de la coordinación de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la Articulación de Movimientos Sociales y Sociedad Civil. Además, pertenece a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); es asesora de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) e integrante de la coalición ambientalista Grupo Cocibolca. Actualmente, funge como directora ejecutiva de Fundación Popol Na.
Durante la crisis actual, su rol de denuncia ha sido constante, lo que le ha valido una serie de amenazas, hostigamientos y agresiones. Sus padres también han sido estigmatizados y agredidos por las autoridades.
En virtud del riesgo existente, y considerando que Nicaragua no está respetando los derechos de su población, la defensora López anunció que solicitó asilo en Costa Rica. “La decisión de exiliarme ha sido la más difícil y dolorosa de mi vida. Me llena de tristeza no poder seguir en las calles y en las comunidades, con mi gente. Me entristece separarme físicamente de mis compañeros y compañeras de lucha, y no poder pisar el suelo de mi patria”, declaró la activista.
La CIDH constató que tanto Mónica como su núcleo familiar se encuentran en riesgo inminente y que las agresiones, amenazas y hostigamiento a las que han sido expuestos ameritan una respuesta urgente de parte del Estado de Nicaragua.
Asimismo, la Comisión reconoció, una vez más, la crisis que ha afectado al país por más de 5 meses, y que las detenciones arbitrarias han sido un mecanismo para amedrentar el ejercicio de defensa de derechos humanos. Por ejemplo, Ricardo Baltodano fue detenido el 15 de septiembre por cerca de 30 efectivos policiales, sin previa orden de captura. Aún más, se le mantuvo incomunicado por más de 15 días y le han bloqueado el acceso a atención médica, sin importar el deterioro irreparable a su salud debido a la hernia lumbar e hipertensión que presenta.
Las medidas de protección fueron solicitadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IN-Defensoras).
“Mónica se suma a los centenares de personas que se han visto obligadas a desplazarse debido a la persecución del gobierno. Esto deja en manifiesto la crueldad con que las autoridades están actuando, permitiendo que la violencia se imponga a cualquier tipo de diálogo y obstaculizando el trabajo de quienes ejercemos la defensa de derechos humanos en este contexto de crisis”, señaló Juanita Jiménez Martínez, parte de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos.
“Esto no debe normalizarse. Nicaragua debe garantizar y respetar los derechos de todos y todas. En particular, debe abstenerse de criminalizar a quienes han sido críticos”, agregó Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México y exigió que se investiguen estos hechos con apego al debido proceso: “Hacemos un llamado a los operadores de justicia para que cumplan con su labor de manera independiente e imparcial”.
Fuente: Cejil
