El día de hoy, Michelle Bachelet presentó informe actualizado sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. En las últimas semanas el gobierno de Daniel Ortega ha aumentado la violación a los derechos humanos, encarcelando a opositores, pre candidatos a la presidencia y persiguiendo a periodistas críticos al régimen.
“mi Oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Esto aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre” señala Bachelet en su informe, presentado en la 47 sesión del Consejo de Derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La ONU analizó esta escalada de violaciones de derechos humanos, Michelle Bachelet en su informe pidió la liberación de los pre candidatos a la presidencia y derogar las leyes que restringen unas elecciones participativas.
En esta sesión, 59 países firmaron una declaración condenando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y solicitan al gobierno garantizar elecciones libres, justas, transparentes y observadas, de igual forma se expresó la preocupación por no implementarse reformas electorales que dieran indicios de unas elecciones transparentes y participativas, se expresa que “Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país”. Así mismo se expresó preocupación por las leyes aprobadas que restringen la participación política, libertad de asociación, expresión y organización.
Por su parte, el Canciller de Nicaragua Denis Moncada, respondió a este informe con un discurso “anti imperialista”, afirmando que los opositores que han sido capturados son vende patrias que han atentado contra la soberanía, independencia y la paz del país, llamando además “agresores de siempre, colonialistas e intervencionistas” a los Estados Unidos y Europa.
Compartimos informe íntegro presentado en esta sesión:
47a sesión del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos
Ginebra, 22 de junio de 2021
Excelencias,
Desde de mi último informe sobre Nicaragua ante este Consejo el pasado 23 de febrero, mi Oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Esto aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre.
Desde hace más de tres años, este Consejo ha analizado en profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afecta a Nicaragua. Lamentablemente, debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi Oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante.
Del 2 al 21 de este junio, la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a varios miembros de la oposición: cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales, otras cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales. Sus detenciones, bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Al respecto, me preocupa especialmente la situación de las mujeres y de las personas adultas mayores privadas de libertad.
Estas investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas en julio de 2018 y en octubre de 2020, respectivamente. La “Ley nº 977 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo” y la “Ley No. 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”. Mi Oficina y varios mecanismos especiales de este Consejo ya habían advertido que estas leyes podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, como en efecto está ocurriendo.
Las autoridades también han empleado una reciente reforma del código procesal penal para detener a la gran mayoría de las personas mencionadas hasta por 90 días, en lugar del término constitucional de 48 horas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa las investigaciones en perjuicio de sus derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y un recurso efectivo. Esta situación les impediría competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de las y los ciudadanos de poder votar por las opciones de su preferencia.
El 4 de mayo, se adoptó una ley de reforma electoral. Aun cuando ella fomenta la participación política equitativa de las mujeres, hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil y de la comunidad internacional. No introduce salvaguardias para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita indebidamente los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política.
El 18 de mayo, el Consejo Supremo Electoral disolvió la personalidad jurídica de dos partidos políticos, sin que fueran oídos sus representantes. Estas son decisiones que infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Desde la segunda mitad de abril, con ocasión del tercer aniversario del inicio de las protestas en 2018, mi Oficina registró un escalamiento de la persecución selectiva contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y personas percibidas como opositoras.
Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional. Ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de protestar en espacio públicos, violando así su derecho a la libertad de expresión, asociación y a la reunión pacífica. Se llegó incluso a impedir que familiares pudieran conmemorar el tercer aniversario de la muerte de sus seres queridos.
Según fuentes de sociedad civil, hasta el 14 de junio, 9 mujeres y 115 hombres permanecían privados de su libertad en el contexto de la actual crisis de derechos humanos.
Un número significativo de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y políticos, abogados y abogadas, estudiantes y campesinos reportaron a mi Oficina ser víctima de un persistente hostigamiento por parte de la policía en el entorno de sus residencias o de las sedes de sus organizaciones. En varias oportunidades, la policía les impidió salir de sus casas, vulnerando su derecho a la libertad de circulación. Además, en algunos casos, también relataron, el acoso de personas vestidas de civil.
Además, se registraron declaraciones públicas de autoridades y algunos medios oficialistas estigmatizando a las personas percibidas como opositoras. Ellas incluyen amenazas en redes sociales, y el hostigamiento contra medios y periodistas independientes, incluso a través de su involucramiento en las investigaciones penales arriba mencionadas.
Las anteriores acciones en su conjunto generan un clima de temor que inhibe el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, los cuales resultan esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo.
Así mismo, continuaron los reportes de ataques armados contra comunidades indígenas en la Región Autónoma Costa Caribe Norte y sobre nuevos casos de feminicidios.
Mi Oficina sigue estrechando la coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la comunidad internacional para el monitoreo de la situación en Nicaragua. Lamentablemente, el Gobierno sigue sin contestar a las comunicaciones enviadas por mi Oficina.
Ante este escenario, llamo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica, como mínimo: liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático.
Conforme a lo establecido en su última resolución, hago un llamado a este Consejo para que considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Ello incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril de 2018.
Asimismo, reitero que es urgente que se autorice el regreso de mi Oficina a Nicaragua, así como de los demás mecanismos de derechos humanos, a fin de contribuir a superar la crisis que vive el país.
Gracias.
