Las organizaciones que suscriben este pronunciamiento destacamos la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de otorgar medidas de protección a la defensora de derechos humanos, Francisca Ramírez y a su núcleo familiar.

 Asimismo, denunciamos que esta decisión, por parte del órgano interamericano, demuestra la omisión del Estado de Nicaragua en la protección de quienes ejercen este rol, de importancia absoluta para el desarrollo de una democracia.

 A raíz del ejercicio de su rol, ella y su familia han sido blanco de ataques, amenazas de muerte y detenciones arbitrarias. Esto último ocurrió en distintas ocasiones, en las que fue capturada sin un debido proceso y sin que se lograran imputar delitos en su contra.

Actos como ése, reiterados y sostenidos en el tiempo, ponen en riesgo inminente la vida y la integridad de Francisca y de su círculo más cercano, y configuran un cuadro de gravedad y urgencia a la restitución de sus derechos. Así lo acreditó la CIDH recientemente, con el otorgamiento de las medidas cautelares en favor de Francisca y su familia: un llamado urgente al Estado para que atienda a su deber de proteger la vida de la lideresa y garantizar su seguridad.

Como organizaciones representantes de las víctimas y solicitantes de las medidas cautelares, urgimos al Estado de Nicaragua a que implemente cuanto antes las medidas de protección. También exigimos que se investigue, identifique y juzgue a quienes resulten responsables de los hechos que originaron esta resolución interamericana.