Nicaragua ha iniciado su faraónico proyecto para atajar entre océanos, el Atlántico y el Pacífico, como alternativa para aquellos buques que por tamaño no tienen cabida en el Canal de Panamá, tampoco en su ampliación. La concesión de las obras, que arrancaron oficialmente el pasado 22 de diciembre e incluyen la construcción de diez grandes infraestructuras, está en manos del conglomerado chino HKND Group, una empresa creada ad hoc. El Canal Interoceánico de Nicaragua tendrá un coste de 50.000 millones de dólares (40.400 millones de euros) y durarán hasta 2019. La compañía se reserva un periodo de explotación de 50 años, prorrogable por otros 50.
Los datos sobre el megaproyecto abruman: 278 kilómetros de longitud, gran parte de ellos (unos 105) por el Lago Cocibolca (o Gran Lago Nicaragua), la gran reserva de agua dulce del país con cerca de 8.000 metros cuadrados; entre 27 y 30 metros de anchura; exclusas tanto en el Caribe como en el Pacífico; 395 kilómetros cuadrados reservados a la construcción de un lago artificial llamado Atlanta…. Las cifras son monstruosas.
También las dudas, agitadas por la falta de transparencia que rodea la iniciativa. Casi una veintena de manifestaciones han tomado las calles del país centroamericano en los últimos meses; cerca de 50.000 personas han mostrado su oposición esgrimiendo argumentos como el medio ambiente, la pérdida de soberanía del país, además de los desalojos y desplazamientos de población previstos pero aún no concretados. El Gobierno ha respondido sacando al Ejército y deteniendo a varios manifestantes.
La abogada y experta en cambio climático Mónica López Baltodano lleva meses investigando un proceso que tacha de “cuestionable e ilegítimo”. La directora de la Fundación Popol Na para la promoción y el desarrollo municipal, un organismo no gubernamental sin fines de lucro, atiende a Cambio 16 desde el otro lado del teléfono.
Una vez comenzadas las obras, ¿qué espacio queda para la oposición?
Lo del inicio de las obras fue un acto mediático. No están dadas las condiciones porque aún no se ha iniciado el proceso de expropiación. El calendario que la HKND publicó recientemente indica que en el primer semestre de este año harán lo que llaman ‘adquisición de tierras’, que en realidad es la expropiación y el desalojo; luego vendrán las obras iniciales y una trocha, es decir, quitar los árboles de la ruta del Canal. Las obras de excavación están proyectadas para finales del segundo semestre.
¿Cuánta gente será expropiada y cuál será la indemnización?
Sigue siendo una gran nebulosa. Está el área de la zanja, pero luego están los lados de la misma, donde se ubicará el material extraído, las carreteras, las zonas de distribución… y no han dicho de manera definitiva la cantidad de kilómetros a cada lado. Nuestros estudios técnico-ambientales calculan un área de influencia directa de diez kilómetros a ambos lados de la zanja que, con información oficial, serían unas 100.000 personas. Ellos hablan sin embargo de un censo para las expropiaciones de por lo menos de 29.000 personas. Entre esas dos cifras está el número de expropiados; si tiramos por lo bajo no estamos hablando de menos de 40.000 personas. Pero el número exacto no se tiene todavía.
¿Qué les preocupa más: la afectación ambiental, el desplazamiento de población o la posible pérdida de soberanía del país?
La gente que se manifiesta ha creado un colectivo llamado ‘Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional’, nombre resume las tres grandes preocupaciones. Por un lado, las expropiaciones, los desalojos y las violaciones de derechos humanos. Por otro, el lago como símbolo ambiental, aunque hay más preocupaciones porque más del 60 por ciento de la ruta son bosques, áreas protegidas o humedales reconocidos internacionalmente y arrecifes coralinos. Y desde el punto de vista de la soberanía nacional, el cuestionamiento viene por el montaje de la Ley 840, la que atañe al Canal.
Uno de sus argumentos es que el proyecto es anticonstitucional
Sí, primero, porque se deberían haber hecho consultas a la ciudadanía, a las autoridades municipales y a los pueblos indígenas. Nuestra Constitución afirma que cualquier concesión de exploración de recursos naturales requiere esos tres elementos. El hecho de que los acuerdos firmados por el presidente [Daniel Ortega], bajo el amparo de la Ley del Canal, dijeran que el país debe reformar su Constitución es ya anticonstitucional, pues eso no es competencia del presidente. Por otro lado, el hecho de que la Ley del Canal diga que la Corte Suprema de Justicia no pueda declarar la inconstitucionalidad de esa misma ley, porque si no Nicaragua tendría que pagar daños y perjuicios al inversor, también es anticonstitucional, pues no es facultad de esa autoridad limitar las atribuciones de la Corte. Además, a la ley le dan un rango de Constitución y sólo puede ser reformada con tres cuartos de los votos de la Asamblea, como si fuera una reforma constitucional. Son varios los candados inventados en abierta violación de las disposiciones constitucionales, tratando de generar en la población la sensación de que no puede derogar esa ley. Luego estaría el derecho a la propiedad, a vivir en un ambiente sano, la emisión de permisos…
¿A quién benefician las obras?
La postura gubernamental es que es una apuesta por el desarrollo del país, además de por los empleos que se crearán con los ingresos: Nicaragua tendrá de inicio el 1 por ciento de acciones y la proporción que irá aumentado el 10 por ciento cada década, recibiendo además 100 millones de dólares (más de 80 millones de euros) en diez pagos anuales por la concesión.
Los argumentos centrales del Gobierno son tres: el mundo necesita un nuevo canal y hay necesidad comercial, algo que no está sustentando en ningún estudio. También aducen el crecimiento económico vinculado, pero lo que no dicen es que una cosa es el boom económico durante la construcción y otra que posteriormente Nicaragua operará como una economía de enclave, ya que el Canal no tiene conexión con la actividad productiva del país. Somos un país agroexportador y el Canal va a competir por los recursos de los que dependemos: todos los recursos hídricos del país van a ser usados para el canal, todas las zonas que van a ser afectadas son de producción de alimentos y ganaderas, y toda la actividad productiva de esa región va a ser sustituida por el Canal. El tercer punto es el trabajo, pero rápidamente ha empezado a diluirse esa gran promesa. El Gobierno dijo que se iba a generar un millón de puestos y lo último que ha dicho el inversor chino es que iba a dar 25.000 empleos a los nicaragüenses… ¿de qué sirven si tienes que desmovilizar a 40.000 personas productoras ya asentadas?
Entonces, ¿a quién beneficia todo esto?
Son los grandes interrogantes: quién está detrás y qué intereses. Nos han querido vender la idea de que una persona llamada Wang Jing y de nacionalidad china, ella solita, es la impulsora de este proyecto de por lo menos 50.000 millones de dólares. Nosotros hemos encontrado que él se ha encargado, junto con el Gobierno, de crear una telaraña de 16 sociedades mercantiles registradas en Nicaragua, Holanda, Beijing y otros lugares. Es muy extraño que empresas ‘de maletín’ [fantasma] sin experiencia en ningún tipo de proyecto reciban una concesión con derechos sobre los recursos naturales del país. Esto abre el terreno a la especulación: por ejemplo, que pudiera ser el propio Estado chino a quien el Canal pudiera interesar por razones geoestratégicas; nadie duda desde las necesidades que tiene China de incrementar el flujo de la provisión de petróleo de Venezuela. Por eso le digo a todo el mundo que no se sorprendan si van a hacer un oleoducto y no un canal; de hecho, el proyecto tiene contemplado un oleoducto. Es una mega concesión y las posibilidades de que jueguen con esa amplitud son grandes, pues nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los intereses. Hay quienes aseguran que es una enorme estafa o un enorme operativo de lavado de dinero. No sabemos quién financia el proyecto y saber quién se va a beneficiar es confuso.
Fuente por Mª Ángeles Fernández y J. Marcos.
