Hace unos meses, yo sabía poco sobre el Canal Interoceánico de Nicaragua, por no decir nada, a lo mucho había escuchado lo que los medios informan, que si el Canal es “bueno”, si va a crear un millón de empleos o si se puede echar a perder el lago Cocibolca o si campesinos van a quedar sin tierras.
La idea de un Canal generando empleos y oportunidades de desarrollo económico suena tentador, yo como joven podría pensar que sería lo mejor para hacer crecer la economía de mi país, pero qué pasaría si todos nos diéramos la tarea de averiguar por nuestros medios, no solo el entorno en el que se ha desarrollado este proyecto que dividiría —si no es que ya lo hizo— a Nicaragua en dos partes, sino también estudiar las leyes que se han aprobado en los últimos tres años sin hacer una consulta real a la población y, en especial, a los que resultarían afectados.
Si realmente queremos cumplir como ciudadanos, creo que lo mínimo que podemos hacer es conocer en qué consiste la Ley 840. En mi búsqueda por saber, me he encontrado enterrada en una incontable cantidad de leyes, acuerdos y memorándums. A pesar de esto, la investigación me ha ayudado para definir mi criterio respecto a un tema que debería ser de interés nacional.
Aspectos tan básicos como la aprobación de una ley y la entrega de una concesión sin un estudio de impacto ambiental y social, deberían ser motivo suficiente de preocupación ciudadana.
Esto sin olvidar la beligerante función de nuestra Asamblea Nacional que eficientemente aprobó la Ley 840 en menos de una semana, sin cuestionar aspectos como la redacción de la ley que estuvo a cargo de una firma estadounidense.
A esto le podemos agregar la situación de incertidumbre que viven nuestros campesinos, que de hacerse el Canal serán expropiados de sus tierras pagándoles con el valor catastral, que es un precio inferior al valor real de las propiedades.
Por más que los oficiales de HKND, o el vocero de la Comisión de Desarrollo del Gran Canal, afirmen que los campesinos recibirán un pago justo, eso no es lo que dice la ley en el arto. 12, literal f. Yo me pregunto, si un empresario, que ya tiene por ley el beneficio de ahorrarse muchísimo dinero en indemnizaciones, ¿vos crees que no lo vaya a usar?
A esto le agregamos la falta de información respecto al financiamiento del proyecto que podría costar cincuenta mil millones de dólares, lo que resulta es un pueblo en indefensión que está viviendo en un país pero no está formando parte del país.
Más allá de los miles de empleos —porque no serán un millón— que ofrecen, o la restauración ambiental, los nicaragüenses debemos pensar en los 13 municipios, 7 reservas naturales y 119,000 personas que resultarían afectadas de hacerse este megaproyecto.
Otro aspecto es el trabajo de la autoridad del Canal, ¿para qué existe si ahora hay una comisión? Aunque ninguna de estas dudas quedan claras y no existe un sitio web de la autoridad, el Estado de Nicaragua destina 2,359 millones de córdobas (US$86,094.89) solo por existir, con un presupuesto mensual de US$7,174.57 equivalente a 196,583.33 córdobas. Es importante destacar que, con este dinero gastado mensualmente en una entidad que, a mi entender, no ejerce una gran función gubernamental, ¡se podría pagar el salario de cuarenta profesores!
Las inquietudes que me surgen alrededor del tema del Canal son muchas, por eso reitero mi invitación a que nos informemos sobre las leyes en torno a esta materia. Involucrémonos en la causa de salvar a Nicaragua. Recordemos siempre que la educación e información en este país es poder y un pueblo informado no tiene como ser detenido.
La autora es estudiante de Derecho y forma parte del equipo de Eco Abogados de la Fundación Popol Na.
Diario 
