Veredicto y recomendaciones se conocerán el próximo viernes
La mañana del martes cinco de abril, se realizó El Salvador la VIII Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), la que contó con la participación de Gabriela Ruiz y Víctor Campos, en representación de las ocho instituciones y personas que conforman el Grupo Cocibolca; quienes presentaron ante el jurado y una amplia concurrencia, los argumentos que soportan una demanda al Estado de Nicaragua, ante la amenaza de construcción del Canal Interoceánico.
Para las y los denunciantes, “los graves riesgos sociales, económicos y ambientales, junto a la represión policial y militar a las protestas contra semejante despropósito gubernamental constituyen graves violaciones a los derechos humanos; Particularmente a los derechos de reunión, libertad individual, integridad personal, ambiente, derecho al agua, a la alimentación, a la propiedad, a la cultura y a la libertad de expresión, entre otros que deben ser protegidos y cuyo respeto debe ser garantizado por el Estado nicaragüense”, menciona la denuncia.
El TLA, que en su programación contempló escuchar el “Caso del Canal Interoceánico en Nicaragua” el día lunes, reprogramó el caso para la mañana del martes, cumpliendo así la última etapa de un proceso que inició en octubre de 2015, con la admisión de la denuncia y que culminará el ocho de abril, cuando el tribunal anuncie su veredicto y recomendaciones del caso.
“Esperamos que (el TLA) se pronuncie y haga recomendaciones al Estado Nicaragüense y exija lo que le pedimos. Sabemos que la instancia otorga sanciones éticas con fundamento científico y representa una opinión de peso ante la comunidad internacional”, manifestó Gabriela Ruiz.
La audiencia contó con un jurado de mucha experiencia, conformado por el Maestro e investigador social con perspectiva multicultural Diego Cotiy de Guatemala, las salvadoreñas Yanira Córtes y Julia Martínez, Procuradora Ambiental y experta en temas económicos con perspectiva de género, respectivamente. Completan la lista, Phillippe Texier, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Francia, Alexander Camanho, brasileño con amplia experiencia ambiental.
Entre los aspectos que representaron mayor interés por parte del jurado, se pueden destacar diez:
*La existencia de convenios internacionales sobre cuencas binacionales entre Nicaragua y Costa Rica; y si Costa Rica se ha pronunciado respecto al caso del canal.
*Si se ha acudido a las instancias del Sistema de Integración Centroamericana (SICA); y si el SICA tiene conocimiento y se ha pronunciado sobre el megaproyecto.
*Recomendaciones de la CIDH y si dentro de sus recomendaciones se le pidió al Estado suspender la ejecución del proyecto
*Argumentos de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para no dar lugar a los recursos por inconstitucionalidad presentados
*Si ya se han iniciado obras físicas del Canal.
*Si consideramos que había corrupción por el comportamiento de las autoridades del Estado.
*¿Cómo está previendo el gobierno de Nicaragua los impactos sobre el Cambio Climático?
*Si conocemos de estudios independientes que se hayan realizado para medir la opinión pública sobre el Canal.
*Desplazamientos forzosos.
*Procedimiento de la recolección de firmas para la presentación de la Iniciativa de Ley de derogación de la Ley 840.
El Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia de la justicia alternativa de carácter ético, no vinculante para el análisis y la búsqueda de solución a conflictos hídricos. Se fundamenta en los convenios, tratados y declaraciones internacionales relacionadas con los principios esenciales que rigen la protección de las fuentes de agua, los derechos intergeneracionales y el agua como un derecho humano indispensable para la
