Este 5 de junio de 2017, el Circulo de Solidaridad y Cooperación Internacional PODEMOS, convocó a nicaragüenses en España y Comunidad Solidaria para hacer un importante intercambio de visiones y preocupaciones comunes en la Casa Morada de PODEMOS, Madrid, España.
Mónica López Baltodano, al ser participé compartió el libro “La Entrega de un País: Expediente Jurídico de la Concesión Canalera” .
A continuación el disucurso que ofrecio Mónica en el Conversatorio:
Nuestro más sincero agradecimiento al círculo de Solidaridad y Cooperación Internacional PODEMOS por organizar este evento sobre “Nicaragua y la lucha contra el Canal” en que podemos compartir con ustedes, de manera directa y abierta, nuestros puntos de vista y preocupaciones sobre la mega-concesión canalera en Nicaragua.
Debo iniciar diciendo que incubada en la historia de Nicaragua siempre ha estado latente o manifiesta una suerte de consentimiento universal, en las élites criollas del poder político y económico, para las cuales la construcción de un canal interoceánico representaría la materialización del gran sueño nacional.
Esta ilusión ha traído siempre consigo la promesa y el mágico hechizo de que con el canal se pondrá fin a los problemas históricos del país. De tal manera que este sueño ha convivido con todos los regímenes políticos. En casi 200 años de historia republicana, Nicaragua ha firmado más de 30 documentos jurídicos y se han elaborado más de 70 propuestas de proyectos para su construcción, siendo el más reciente la concesión canalera entregada por el Gobierno de Daniel Ortega al empresario privado chino Wang Jing, a través de la Ley 840.
Debemos decir también que la ilusión de que el canal erradicará la pobreza en Nicaragua, sin duda, seduce y somete a una ciudadanía ansiosa y sedienta de la realización muchas expectativas colectivas frustradas.
Pero sabemos muy bien que estas promesas del poder no están exentas de mentiras, ocultamientos y engaños. Al igual que sabemos que la opinión crítica no prevalece sin resistencia popular en tiempos complejos de criminalización de la protesta, de campañas de intimidación y agresiones.
De ahí que sea tan importante apoyar y acompañar la valiente movilización de miles de campesinos, campesinas y pobladores que, a la fecha, ya han protagonizado 87 marchas pacíficas de protesta, demandando la derogación de la ley canalera.
Permítanme resumir en 10 puntos nuestras valoraciones sobre los documentos legales que sustentan esta concesión:
1. Enfrentamos una concesión abiertamente inconsulta y violatoria de derechos humanos, la que sin contar con la autorización previa de las alcaldías municipales, ni la debida consulta ciudadana, ni el consentimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y atropellando la Constitución Política de Nicaragua, vergonzosamente fue aprobada en la Asamblea Nacional, por la Bancada de Gobierno, en tan solo 3 horas de debate parlamentario y en un trámite formal que duró menos de una semana desde su sorpresiva presentación en el Parlamento. Formalizando jurídicamente los acuerdos que fueron negociados por el Gobierno, durante más de un año, completamente en secreto y a espaldas de la ciudadanía.
2. Enfrentamos una concesión que garantiza por 116 años, derechos absolutos a favor de un inversionista privado sobre nuestros más valiosos y estratégicos recursos naturales, entre ellos, nuestro majestuoso Lago Cocibolca, principal reserva de agua dulce de toda Centroamérica, el segundo lago más grande de toda Latinoamérica y del que actualmente beben agua 200,000 personas.
Enfrentamos una concesión que afectará más de 7 áreas protegidas nacional e internacionalmente, cuya destrucción haría inviable el Corredor Biológico Mesoamericano. Todo ello, sin que existiera previamente a su autorización por el Gobierno y el Parlamento, ningún tipo de estudio de impacto ambiental y social, ni mucho menos estudios de factibilidad técnica, financiera o comercial. La comunidad científica nicaragüense e internacional ha denunciado la gravedad y las peligrosas consecuencias de este manejo irresponsable
Pese a todo esto, en noviembre de 2015 el gobierno emitió el permiso ambiental para el proyecto sobre la base de un Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la firma consultora Environmental Resource Management (ERM), contratada por la propia empresa concesionaria china, que irónicamente reconoce de forma explícita que se trata de un estudio incompleto al que aún le hacen faltan 7 importantes estudios adicionales, advirtiendo que dichos vacíos debían remediarse antes de tomar decisiones finales, lo que –por irracional que parezca- el gobierno de Nicaragua decidió desconocer al emitir unos días después el permiso ambiental.
Por si fuera poco, la propia consultora del estudio socio-ambiental llegó a afirmar que –y cito-: “todas las rutas económicamente viables para un Canal de Nicaragua a través del Área de Estudio tendrían impactos ambientales y sociales significativos, ya que dichas rutas deberían atravesar áreas protegidas reconocidas a nivel internacional, tierras indígenas reconocidas legalmente y el Lago de Nicaragua, todas las cuales bajo circunstancias normales serían consideradas como áreas no viables”.
3. Enfrentamos una concesión que entrega propiedades públicas, privadas y comunitarias de pueblos indígenas y afro-descendientes, en cualquier de los territorios que el inversionista desee, que bien puede ser en cualquier parte del país, quedando el pueblo nicaragüense sometido a un régimen de expropiación vergonzoso, que no solo le entrega a Wang Jing gratuitamente las propiedades públicas, sino que es extremamente oneroso para más de 119,000 productores y campesinos que habitan en la ruta del proyecto.
Ciudadanos que, siendo sometidos a un despojo forzoso de sus hogares, según la ley canalera recibirían un pago equivalente estimado del 5% del valor real de sus tierras, sin ninguna garantía de los mecanismos para su reubicación.
Estas violaciones son tan evidentes que la misma consultora ERM, del referido estudio socio-ambiental, tuvo que reconocer en su estudio y cito literalmente: “el proceso de expropiación de tierra y reubicación involuntaria no cumple con las normas internacionales. El Proyecto está en riesgo de perder su licencia social para operar y puede poner en peligro su viabilidad si no se respetan las normas internacionales. La Ley 840 no es consistente con las normas internacionales en relación a la compensación y limita los derechos de los propietarios de las tierras a impugnar muchos aspectos del proceso de expropiación”. Nuevamente, el gobierno nicaragüense en evidente contubernio con la empresa concesionaria china, decidió hacer caso omiso a esta advertencia.
4. Enfrentamos una concesión que vende al país por un pago directo de 100 millones de dólares, que el inversionista intentará pagarnos luego de construir el canal; ridículo monto que, para ilustrar, es directamente proporcional a lo que ingresa en nuestra economía nacional, en tan solo 2 meses de remesas familiares. Actualmente, Nicaragua ostenta tan solo el 1% de las acciones totales del proyecto, monto que teóricamente crecerá después de la construcción del canal, sobre la base de unos acuerdos entre accionistas que jamás han salido a la luz pública
Mientras tanto, la Policía y el Ejército de Nicaragua han sido designados como garantes de la seguridad del proyecto. Con dolor debemos decir que su gestión hasta hoy ha estado marcada por crecientes agresiones, hostigamiento, persecución, detenciones ilegales y otras arbitrariedades; entre las cuales destacamos recientes despliegues policiales con más de centenares de retenes que impiden totalmente la movilización ciudadana.
Un estado de sitio, decretado de facto en las comunidades del movimiento campesino, ha representado la suspensión de garantías básicas en materia de derechos humanos y agresiones directas como las que ha sufrido Francisca Ramírez y su familia, principal líder campesina del movimiento.
5. Enfrentamos una concesión que generosamente libera al inversionista y sus socios del pago de cualquier tipo de impuestos durante 116 años para todos los mega-proyectos incluidos en el gran-combo de la concesión que incluye: canal húmedo, ferrocarril, oleoducto, puertos de aguas profundas, zonas de libre comercio, aeropuertos, y la gran caja de sorpresas de los nuevos sub-proyectos que Wang Jing puede ir agregando adicionalmente y sin pagar un centavo, precisamente por una disposición legal que le faculta esta irracional discrecionalidad.
Esta trampa jurídica le ha permitido agregar nuevos sub-proyectos como la construcción de ciudadelas, centros turísticos, hidroeléctricas, fábricas de explosivos, de acero y de cemento e incluso, la inundación de 400 kilómetros cuadrados del territorio nacional para construir un embalse artificial. Es un régimen tributario excepcional que verdaderamente supera todos los sueños de los grandes capitales.
6. Enfrentamos una concesión que, en palabras del Presidente en 2013, prometía generar un millón de empleos, pero que ahora, en palabras del inversionista chino, teóricamente aseguraría solo 25,000 empleos para nicaragüenses en condiciones de enclave y jornadas extenuantes. Es decir, trabajo temporal para el 0.7% de la población económicamente activa. Sin que se tenga certeza aún, si la mano de obra nicaragüense cumplirá con los requerimientos técnicos para ser efectivamente empleada. Habiendo sido anunciado desde ya que el país debe esperar la llegada de al menos 25,000 trabajadores adicionales procedentes de China.
Una, como ciudadana, se pregunta, ¿qué sentido tiene despojar injustamente a 119,000 personas de sus tierras y actividades productivas que contribuyen a la soberanía alimentaria del país… y afectar a más de 200,000 personas que actualmente beben agua del Gran Lago – y a las futuras generaciones que también beberán de él-… por 25,000 empleos temporales? Todo ello sin incluir los costos de los daños ambientales irreparables, la crisis hídrica que enfrentaríamos y el drama social que el proyecto generará al desmembrar a comunidades enteras.
7. Enfrentamos una concesión que inventó un mega-ministerio llamado “Comisión del Canal”, una autoridad todopoderosa que bajo las órdenes del Presidente y liderazgo de su hijo, toman decisiones en nombre del pueblo de Nicaragua, sin consultar absolutamente nada. Hoy, cuatro años después de creada, nadie sabe dónde se reúnen, cuando se reúnen, ni qué decisiones toman porque sus resoluciones nunca han sido publicadas.
8. Enfrentamos una concesión entregada arbitrariamente y sin licitación a un ciudadano chino, llamado Wang Jing, quien hemos descubierto y documentado, ha constituido una red de más 16 empresas de maletín, en diferentes paraísos fiscales, fantasmas jurídicos inventados para este proyecto, sin antecedentes técnicos, ni experiencia, varias de ellas “respaldadas” por capitales sociales que no superan los 1,000 dólares.
Nadie sabe hoy de dónde saldrán los 50 mil millones de dólares que hipotéticamente cuesta el proyecto. Nosotras hemos podido demostrar que la empresa concesionaria responsable de la obra de infraestructura más grande de la historia de la humanidad en materia de remoción de tierra, fue creada tan solo 15 días antes que se firmara, con el Gobierno de Daniel Ortega, el primer documento que le otorga derechos sobre este mega-millonario negocio; derechos que -por cierto- puede ceder, transferir y negociar con terceros a su libre y espontánea voluntad, a espaldas del pueblo nicaragüense.
9. Enfrentamos una concesión que abusivamente sustrae al inversionista del cumplimiento de la ley nacional, estableciendo que no se le podrán aplicar sanciones ni civiles, ni penales, ni administrativas, obligando a trasladar la seguridad jurídica de los nicaragüenses a las resoluciones de tribunales de arbitraje que operan en Londres, ya que ningún juicio será tramitado en Nicaragua. Y qué decir respecto a la aberración de haber puesto las reservas del tesoro nicaragüense como garantía de cumplimiento a favor del inversionista.
Situación atropellante que aún va más allá, pues el Presidente Ortega, pasando por encima de sus atribuciones y superando lo inimaginable, se comprometió con Wang Jing a reformar la Constitución de Nicaragua ajustándola a los intereses corporativos del gran capital, lo que vergonzosamente ocurrió en enero de 2014, pretendiendo dar una apariencia de legalidad a una concesión abiertamente inconstitucional.
En esa lógica de subordinación total de los diferentes Poderes del Estado, al Presidente, en 2016 nos fue infundadamente rechazada una Iniciativa Ciudadana de Ley que presentamos habiendo cumplido todos los requisitos de ley y con el respaldo político de 28,000 firmas, Iniciativa en que planteamos todos estos argumentos que hoy les hemos compartido, y la urgencia de derogar la concesión canalera para preservar la soberanía nacional. Sin la menor vergüenza, la Junta Directa del Parlamento argumentó escuetamente que el Poder Legislativo no está facultado para derogar la ley canalera que ellos mismos aprobaron. Esta barbaridad fue refrendada por la Corte Suprema de Justicia, también sometida al poder autocrático de Ortega.
10. Finalmente, enfrentamos una concesión que bajo la ilusión del canal, esconde un sin fin de posibilidades, que funcionarán bajo los lineamientos de los oscuros intereses económicos y geopolíticos que subyacen a la iniciativa, y en los que se incluye la posibilidad de que el mismo canal húmedo nunca sea construido, mientras que la concesión continuaría vigente para todos los demás proyectos, con todos los privilegios y beneficios necesarios para la apropiación privada del país, sus tierras y sus recursos.
Creo este es quizás el reto más grande que enfrenta nuestra generación: ¿seremos capaces de empujar a Nicaragua hacia un destino en que prevalezca la vida, el respeto por nuestra gente, las comunidades y la naturaleza? ¿O venderemos lo más valioso que nos queda –nuestros bosques y lagos-, y pondremos en riesgo la paz social en Nicaragua, para satisfacer intereses corporativos del gran capital y la corrupción gubernamental?
Creo que podemos construir un país próspero en que podamos ser felices sin destruir las bases sobre la que se asienta la vida. No es cierto que el precio del progreso tenga que ser la más grande catástrofe ambiental, social y política en la historia de América.
Muchas gracias.
